Prestar o vender la cuenta o la tarjeta de débito en Corea puede costar hasta 5 años de cárcel: sanciones y riesgos de visado para estudiantes internacionales y qué hacer si bloquean la cuenta

«Te pagamos si nos prestas tu cuenta»: una oferta así puede convertirse en delito en el momento en que se acepta. Entregar a otra persona la tarjeta de débito, la contraseña o el certificado digital, o prestarlos a cambio de dinero, se castiga con hasta 5 años de prisión o una multa de hasta unos 22.400 dólares (30.000.000 de wones), según el artículo 49, apartado 4, de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas. Y la pena no es la única consecuencia. Si la cuenta se usa en una estafa, se suspenden los pagos de todo su saldo y pueden bloquearse las operaciones no presenciales, como la banca por internet y móvil o los cajeros automáticos. Los antecedentes penales también pueden influir en la evaluación de visados tras la graduación, como el de búsqueda de empleo (D-10) o el de residencia (F-2).

Con base en la legislación vigente al 8 de noviembre de 2026, este artículo repasa las conductas prohibidas y sus penas, las consecuencias financieras y migratorias, y qué hacer si una cuenta queda bloqueada de repente. Los importes se expresan primero en dólares, con el equivalente en wones entre paréntesis (tipo de cambio de referencia de Hana Bank del 3 de noviembre de 2026: 1 dólar = 1.341,10 wones).

Qué se entrega realmente al «prestar la cuenta»

La ley no habla de «libreta», sino de «medios de acceso». Según el artículo 2, numeral 10, de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas, son medios de acceso los siguientes:

• Tarjetas electrónicas, como las de débito o las de cajero
• Certificados digitales, como el certificado conjunto
• Números de usuario (ID, etc.) registrados en instituciones financieras como los bancos o en empresas de servicios financieros electrónicos que ofrecen remesas y pagos
• Datos biométricos, como la huella dactilar o el rostro
• Las contraseñas necesarias para usar tarjetas o certificados

Lo que suele llamarse «prestar la cuenta» consiste en dejar que otra persona use estos medios. No haber entregado la libreta en papel no basta para estar a salvo. Dar la tarjeta de débito junto con la contraseña, o permitir que alguien inicie sesión en la aplicación de banca móvil, plantea el mismo problema.

El artículo 6, apartado 3, prohíbe cinco conductas:

1. Entregar (ceder) o recibir medios de acceso
2. Prestarlos o tomarlos prestados a cambio de dinero, tras exigirlo o tras acordar recibirlo
3. Prestarlos o tomarlos prestados sabiendo que se usarán en un delito
4. Darlos en garantía (prenda)
5. Mediar, intermediar o hacer publicidad de estas conductas

La cesión está prohibida con independencia de que se haya cobrado o no. El préstamo está prohibido si se recibió una contraprestación o incluso si solo se acordó recibirla.

Penas: hasta 5 años de cárcel o una multa de unos 22.400 dólares (30.000.000 de wones)

La pena es de «hasta 5 años de prisión o multa de hasta 30.000.000 de wones» (artículo 49, apartado 4). Se aplica a quien cede o recibe medios de acceso y a quien los presta o toma prestados a cambio de una contraprestación. También alcanza a quien guarda, entrega o hace circular tarjetas ajenas tras acordar una contraprestación o sabiendo que se usarán en un delito. La prisión y la multa pueden imponerse de forma conjunta (artículo 49, apartado 8).

Esta pena se endureció en 2020. Antes, el máximo era de 3 años de prisión y una multa de unos 14.900 dólares (20.000.000 de wones). La reforma promulgada en mayo de 2020 entró en vigor el 20 de agosto y elevó los máximos a los actuales 5 años de prisión y unos 22.400 dólares (30.000.000 de wones) de multa. Al mismo tiempo, pasó a castigarse también facilitar, guardar, entregar o hacer circular datos de cuentas, como el número de cuenta, sabiendo que se usarán en un delito. Desde 2020 la pena no ha cambiado.

La pena del artículo es el máximo fijado por la ley; la condena real varía en cada caso. Aun así, el asunto puede no terminar en este artículo. En un aviso de 2022, el Gobierno señaló que quien vende su cuenta puede ser castigado también por estafa o por complicidad en estafa, según supiera o no que se usaría para el voice phishing.

Consecuencias financieras más allá de la pena

Si la cuenta prestada se usa en fraudes financieros por telecomunicaciones, como el voice phishing, se aplica la «Ley Especial sobre la Prevención de Daños por Fraude Financiero por Telecomunicaciones y la Devolución de Activos a las Víctimas» (abreviada como Ley Especial de Devolución por Fraude en Telecomunicaciones). La ley adoptó este nombre el 1 de octubre de 2026. Antes se llamaba «Ley Especial sobre la Prevención de Daños por Fraude Financiero por Telecomunicaciones y el Reembolso del Dinero de las Víctimas».

Suspensión de pagos de toda la cuenta. Cuando se presenta, entre otras, una solicitud de reparación de daños y hay motivos para sospechar que la cuenta se usó en una estafa, el banco debe suspender de inmediato los pagos de toda la cuenta (artículo 4). No se bloquea solo la parte en la que entró el dinero de la estafa. Aunque la cuenta guarde el dinero para vivir y la matrícula, no se podrá retirar.

Restricción de las transacciones financieras electrónicas. Si el titular de una cuenta con los pagos suspendidos cumple los requisitos fijados por la ley, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) lo designa «persona sujeta a restricciones de transacciones financieras electrónicas» (artículo 13-2). Una vez designado, el banco no puede procesar sus transacciones financieras electrónicas. Dicho de forma sencilla, salvo las operaciones que se hacen en ventanilla a través de un empleado, no podrá usar la banca por internet y móvil ni operaciones automatizadas como los cajeros. Pueden ser designados quienes cedieron o prestaron medios de acceso en relación con una estafa, quienes entregaron datos de cuentas y otras personas castigadas por delitos con fines de estafa. En todos los casos se trata de personas condenadas, y la designación procede si no han pasado 3 años desde la sentencia en caso de multa, o 5 años desde la sentencia en caso de prisión (incluida la suspendida).

Una restricción que no se levanta con una objeción. El titular cuya cuenta fue bloqueada injustamente puede levantar la suspensión de pagos presentando una objeción. Pero si fue castigado por ceder o prestar libretas, tarjetas o datos de cuentas en relación con una estafa y no han pasado los plazos de 3 y 5 años mencionados, la restricción de las transacciones financieras electrónicas no termina aunque presente una objeción (artículo 8).

Rechazo de la apertura de cuentas. Desde agosto de 2024, los bancos deben verificar el propósito de las operaciones financieras al abrir una cuenta (artículo 2-6). Si el propósito está relacionado con una estafa o el cliente se niega a facilitar información, pueden rechazar la apertura o cancelar cuentas existentes. Es una de las razones por las que el banco pregunta con detalle por el uso de la cuenta y pide documentos cuando un estudiante internacional abre una cuenta.

El Gobierno ya advirtió en 2016 y en 2022 que quien cede su cuenta puede ver rechazadas durante mucho tiempo la apertura de nuevas cuentas, la contratación de seguros y los préstamos. Sin embargo, el criterio vigente que fija ese plazo no está confirmado en fuentes oficiales.

¿Qué efecto tiene en el visado?

El extranjero condenado a una pena de reclusión sin trabajo obligatorio o más grave que haya salido en libertad puede ser objeto de expulsión (artículo 46, apartado 1, numeral 13, de la Ley de Control de Inmigración). El artículo dice «puede», por lo que la expulsión no es automática en todos los casos.

La multa también pesa en las opciones tras la graduación. Los criterios de estancia (Manual de Trámites de Estancia del Ministerio de Justicia, edición del 2 de noviembre de 2026) son los siguientes:

• Cambio al estatus de búsqueda de empleo (D-10). Quedan sujetos a restricción quienes, en los 5 años anteriores a la solicitud, hayan sido condenados a reclusión sin trabajo obligatorio o a una pena más grave, o quienes en los 3 años anteriores hayan recibido una multa de unos 2.240 dólares (3.000.000 de wones) o más.
• Cambio al estatus de residencia por puntos (F-2-7). Si no han pasado 3 años desde que quedó firme una multa de unos 2.240 dólares (3.000.000 de wones) o más, o una pena más grave (incluida la suspendida), el cambio no se autoriza. Si ya han pasado 3 años, se restan 40 puntos. Las multas menores también restan puntos, sin importar cuándo quedaron firmes.

En los criterios de restricción de otros estatus, como el de coreano en el extranjero (F-4), el voice phishing figura aparte como «delito social grave», junto con las drogas y la conducción reiterada en estado de ebriedad. Es una señal de que los delitos relacionados con el voice phishing pesan mucho en la evaluación de la estancia. La ciudad metropolitana de Incheon también advirtió en marzo de 2026, al promocionar su educación financiera para extranjeros, que tener antecedentes penales puede perjudicar la prórroga del visado.

El manual no especifica cómo se tiene en cuenta una multa en la prórroga del periodo de estancia de estudiante (D-2). Eso no significa que no tenga efecto. Si recibió una sanción poco antes de la prórroga, conviene consultar primero con el responsable de estudiantes internacionales de su universidad.

Por qué las cuentas de estudiantes internacionales están en la mira

Las cuentas de estudiantes internacionales han sido un objetivo de las redes de estafa. Según datos del Servicio de Supervisión Financiera citados por la ciudad de Incheon, las cuentas de estudiantes internacionales registradas como cuentas usadas en estafas pasaron de 141 en 2020 a 515 en 2021 y a 1.267 en 2022, es decir, se multiplicaron por unas 9 en dos años.

Incheon también advirtió que quien envía dinero a un cambista ilegal puede ver restringidas sus transacciones financieras si después entran en esa cuenta fondos de voice phishing. Lo más seguro es evitar el cambio de divisas y las remesas a través de particulares en lugar de bancos.

La Comisión de Servicios Financieros anunció en marzo de 2026 que elaborará normas para que las entidades financieras detecten de forma conjunta las cuentas mula (usadas por delincuentes). También dijo que impulsa una medida para detener las operaciones de las cuentas señaladas por la policía como sospechosas de estafa hasta que la entidad financiera verifique la identidad del cliente. La disposición que permite a las entidades financieras compartir información sobre cuentas sospechosas está en vigor desde el 4 de agosto de 2026.

Si su cuenta queda bloqueada de repente

También hay casos en que la cuenta se bloquea sin haberla prestado nunca. El caso típico es la «extorsión con la cuenta»: tras recibir un ingreso desconocido, llega un mensaje del tipo «si no devuelves el dinero, te denuncio». En ese caso, no envíe dinero a quien lo contacta ni atienda sus exigencias, y actúe en este orden:

1. Denuncie al 112. Desde septiembre de 2023, las denuncias de voice phishing se centralizan en el teléfono 112 y en el sitio web Voice Phishing Protection. Con una sola llamada al 112 se tramitan a la vez el registro del caso, el bloqueo de aplicaciones maliciosas y medidas de reparación como la suspensión de pagos.
2. Presente una objeción ante su banco. La objeción se presenta ante el banco u otra entidad financiera (artículo 7). Debe demostrar que la cuenta no se usó en una estafa o que recibió el dinero por un motivo legítimo, como el pago de una mercancía. Si sabía que la cuenta se usaba en una estafa o lo ignoraba por negligencia grave, no se reconoce un título legítimo.
3. Reúna pruebas objetivas. Hacen falta documentos que demuestren que no tenía intención de quedarse con el dinero de las víctimas, como los mensajes de extorsión, el historial de ingresos y los mensajes intercambiados con la otra parte de la operación. Desde agosto de 2024, las víctimas de extorsión con la cuenta que presentan estas pruebas pueden lograr con rapidez que se levante la suspensión de pagos de la parte no relacionada con el dinero de las víctimas.
4. Respete el plazo. La objeción debe presentarse dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del aviso público de inicio del procedimiento de extinción de créditos. Tras la suspensión de pagos, el banco pide sin demora este aviso al Servicio de Supervisión Financiera (artículo 5). Si vence el plazo, el crédito del titular sobre el importe anunciado se extingue (artículo 9).

En principio, la suspensión de pagos no se levanta antes de que pasen 2 meses desde la fecha en que se notificó a la víctima la presentación de la objeción (artículo 8). La cuenta del dinero para vivir puede quedar inmovilizada durante un tiempo, así que conviene iniciar la objeción en cuanto se conozca el bloqueo.

Lista de control si recibe una oferta

• No entregue la tarjeta de débito, las contraseñas, los certificados ni el ID de banca por internet, ni siquiera a familiares o amigos.
• Rechace trabajos del tipo «te pagamos si prestas tu cuenta» o «te damos una comisión si transfieres el dinero que entre».
• Al regresar a su país, no venda ni deje a otra persona su cuenta o su tarjeta. Se recomienda cerrar personalmente las cuentas que no vaya a usar.
• Haga el cambio de divisas y las remesas al extranjero a través de bancos o empresas de remesas autorizadas.
• Si entra dinero desconocido, no lo toque y avise primero al banco y al 112.
• Si ya entregó la tarjeta, avise de inmediato al banco para suspender el uso de la tarjeta y de la cuenta, y consulte con el responsable de su universidad.

El proceso para abrir una cuenta por primera vez y los límites de operación se explican en Apertura de cuentas bancarias y límites para estudiantes internacionales. Para los criterios de sanción por trabajos a tiempo parcial, consulte Más dureza en las sanciones por trabajo ilegal de estudiantes internacionales; para las opciones tras la graduación, Guía del visado D-10-1 de búsqueda de empleo tras la graduación y Prórroga de estancia D-2 y D-4.

--- Los criterios de penas, suspensión de pagos y objeciones se basan en los artículos vigentes de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas y de la Ley Especial de Devolución por Fraude en Telecomunicaciones (en vigor desde el 2 de octubre de 2026); los de estancia, en el artículo 46 de la Ley de Control de Inmigración y en el Manual de Trámites de Estancia del Ministerio de Justicia (edición del 2 de noviembre de 2026); y los canales de denuncia, en el anuncio de la Comisión de Servicios Financieros (26 de septiembre de 2023).